Se comenzaron a implementar políticas públicas que fijan las leyes en resguardo de las mujeres, aunque con fallas. Qué ocurre a nivel nacional y provincial.

La ley nacional Nº 26.485,  para “Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” generó un fuerte debate y posicionamiento de los diferentes actores que están comprometidos con la sociedad. Ésta problemática de violencia hacia las mujeres atraviesa a la población en su totalidad; se convierte en un asunto público y por lo tanto de compromiso político y social.
Un actor clave y fundamental en el proceso de reproducción social y  desarrollo de la vida cotidiana de los ciudadanos es el propio Estado. Este, posee la función social de garantizar la convivencia y cooperación entre los ciudadanos, a través de instrumentos legales y políticas públicas guiadas por el principio general de protección de los Derechos Humanos.
Esta ley nacional es un paso fundamental en la legislación Argentina. Incorpora medidas especiales para la prevención y tratamiento de la violencia hacia las mujeres por el solo hecho de ser mujer, ejercida por cualquier persona de su círculo de relaciones.
Es una ley que precisa la categoría de género y responde a las históricas luchas de los movimientos de mujeres por el reconocimiento de sus derechos. Estas batallas han logrado hacer visible  la violencia de género, instalándola como una prioridad en la agenda pública estatal.
Expresamente la ley establece una definición de violencia contra las mujeres, que no sólo abarca el ámbito privado sino que especifica la violencia ejercida en ámbitos públicos, (instituciones, ambiente laboral, etc.). Además establece la integración de acciones de los distintos ministerios, secretarías, instituciones educativas, asociaciones de la sociedad civil, para prevenir y dar tratamiento en conjunto.
Pero frente a todo lo que explicita la ley, nos preguntamos que es lo que realmente se está llevando a la práctica, qué de todas las previsiones y asistencias se cumplen, qué es lo que se concreta.
La sanción de la ley, por sí sola no genera la disminución de la violencia, para esto un aspecto clave es la actuación del Estado, su intervención concreta a través de políticas públicas integrales.
Un obstáculo importante es que aún no se ha reglamentado la ley. Esto paraliza su aplicación, principalmente lo referido a políticas públicas, ya que las partidas presupuestarias no han sido asignadas porque no se ha determinado aún el “cómo” de estas políticas.
La sanción de la ley es reciente (marzo de 2009)  y, como se dijo, queda pendiente su reglamentación, por esto las acciones que se están llevando a cabo son escasas y aisladas. Si bien la ley es de alcance nacional, el adherir a ella queda a criterio de cada provincia.
Las acciones que se comenzaron a implementar, responden al objetivo de modificar patrones culturales e instalar en el debate público la problemática:
Por un lado se desarrollan campañas de capacitación de funcionarios y agentes públicos que intervienen en el tratamiento de los hechos de violencia contra las mujeres (agentes de seguridad, jueces, docentes, etc.).
También se desarrollaron acciones de sensibilización social en todo el país, como la Campaña Nacional de Prevención e Información  y la difusión de materiales gráficos y audiovisuales: “Que la violencia no nos sea familiar”, en articulación con distintas organizaciones como el Consejo de la Mujer , los distintos Ministerios y Secretarías Nacionales y Provinciales, Asociaciones Civiles, etc.
El Observatorio de Medios Contra la Discriminación (considerando también la violencia como producto de la discriminación que sufren las mujeres) es otro avance en relación a lo dispuesto por la ley. Está integrado por el Consejo de la Mujer, el INADI y el COMFER.

Qué sucede en Córdoba
En la provincia de Córdoba la  ley que se aproxima más al tratamiento de violencia contra las mujeres específicamente, es la ley de Violencia Familiar Nº 9.283, que entró en vigencia en el año 2006. En esta, la categoría de mujer se invisibiliza bajo el concepto más amplio de familia, y deja de lado temáticas específicas en relación  a las diferencias de género y las relaciones de poder.
Si bien las estadísticas demostraron, que desde que se implementó la ley las denuncias fueron realizadas en su amplia mayoría por mujeres y los denunciados fueron generalmente hombres, la ley, no contempla estas diferencias, y no realiza mención especial al trasfondo de las diferencias de poder y dominación que sufren las mujeres.
La provincia de Córdoba fue una de las primeras en poner en funcionamiento Juzgados de Familia con competencia “exclusiva” en materia de violencia familiar. Como consecuencia del gran número de denuncias de violencia familiar que se registraron en los últimos tiempos, se estableció una mesa de entradas permanente para la recepción de las mismas, y sumado a esto se creó una línea telefónica gratuita para realizar consultas o realizar denuncias.
Además se desarrollan, desde la Dirección de Violencia Familiar, algunas acciones que se enmarcan dentro de lo establecido por la ley provincial. Se llevaron a cabo campañas publicitarias y de prevención para combatir la violencia familiar y campañas de concientización de la violencia contra las mujeres, en conjunto con el Movimiento de Mujeres Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, Secretaría de Salud y otras reparticiones.
También, dentro del Programa de Erradicación de Violencia Familiar que determina la ley, se establece la contención y tratamiento de las víctimas de violencia por equipos interdisciplinarios,  y una ayuda económica de 500 pesos, durante dos años y se han realizado convenios con cámaras empresariales de Córdoba, para al inserción laboral de la mujer. Cuentan también, tanto la víctima como el agresor con tratamientos interdisciplinarios, desde al Dirección de Violencia Familiar.
Lo que se encuentra pendiente aún es la creación de albergues para las víctimas y sus hijos; el único lugar que se les ofrece para resguardarse son los establecimientos hoteleros donde permanecen, a lo sumo, una semana. Esta no es la solución, en estos hoteles no tiene la contención que necesitan.
La ley de Violencia Familiar fue un gran desafío para la legislación y para la sociedad cordobesa. Este desafío aún no ha terminado. Todavía queda pendiente una reglamentación específica que tenga a la mujer en su centro de atención, que al igual que la ley nacional, pretenda erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, en todos los ámbitos.

Mariela Ayelén Molina